Lambayeque: Juristas comentan sobre ratificación de jueces y juezas en el marco de sentencia emitida por COIDH en caso Cuya Lavy

La sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú, la cual establece nuevos estándares para la ratificación de jueces y juezas, sigue siendo objeto de análisis y comentarios por parte de la comunidad jurídica nacional e internacional.

En esa línea, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, inauguró el ciclo de conferencias ‘Ratificación de magistrados. Análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH): Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú’, promovido por la Red Latinoamericana de Jueces (Redlaj).

Barrios Alvarado ratificó la posición de la Sala Plena de la Corte Suprema de que el actual procedimiento de ratificación de magistrados/as no cumple los estándares establecidos en la sentencia Cuya Lavy, por lo que urge que se haga un control de convencionalidad.

“Es urgente reflexionar sobre un efectivo control convencional de la normatividad interna, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, la Ley de Carrera Judicial, el Reglamento de Ratificación vigente de la Junta y la normatividad supranacional contenida en la Convención, a fin de determinar si el proceso de ratificación de magistrados/as afecta derechos”, señaló.

Refirió que el sistema interamericano de justicia sobre el caso Cuya Lavy y la institución de la ratificación “nos enfrenta a una problemática que trasciende el plano estructural, lo que implica enfocarnos en una reforma legislativa o constitucional, la cual debe dar satisfacción a los derechos fundamentales de magistrados/as, y de los justiciables y la ciudadanía”.

Por ello, consideró evaluar en qué medida el proceso de ratificación afecta el principio de independencia de la función judicial y fiscal, que no solo involucra al derecho individual de los magistrados, sino, ante todo, el derecho de los ciudadanos a la legitimidad y la confianza en magistrados que no estén en riesgo de sometimiento o posibles injerencias del poder de turno.