Lambayeque: Sindicato de trabajadores solicitan destitución de procuradores por cometer actos de procelitismo a favor de ex consejero Guido Aguila

Mediante documentos enviados tanto al Ministerio de Justicia, y a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción, el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la Sunat – SINAUT, representada por Oscar Martín Sánchez Rojas, solicita a dichos organismos la destitución de José Antenor Escalante Gonzales procurador Público, Santos Ysmael Ponce Fernández procurador adjunto, ambos funcionarios de la SUNAT.

El pedido contra estos funcionarios nace a raíz que el SINAUT mantiene un proceso judicial desde hace muchos años contra la SUNAT, en estado de interposición de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema del Perú, con un resultado adverso de tres votos contra dos a favor.

Siendo después los 02 vocales que votaron a favor de los trabajadores, fueron denunciados por la procuraduría pública de la SUNAT, ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Es por eso que consideran de sospechosa coincidencia que el equipo de campaña del Sr. Guido Aguila, en ese momento candidato al CNM en representación del Colegio de Abogados, ingresaran de forma irregular, a los ambientes de la procuraduría pública de la SUNAT.

El equipo encabezado por la Abog. Ana Calderón Sumarriva, esposa de Guido Aguila, y acompañada de su hermano, el Abog. Luis Calderón Sumarriva, realizaron una visita el 11 de marzo del 2015; pero no hicieron el reporte del motivo de la visita, y al mes siguiente Guido Aguila fue elegido Consejero del CNM.

Sánchez Rojas de la SINAUT, considera que el CNM influye en las decisiones de los jueces tal como se escucha en los denominados “audios de la vergüenza”, lo que motivó que el Fiscal de la Nación denunciara constitucionalmente a Guido Aguila Grados, por presunto delito de tráfico de influencias.

Los procuradores públicos de la SUNAT habrían cometido incumplimiento de los preceptos del código de ética de la función pública contemplados en la ley 27815, y los principios rectores del sistema de defensa jurídica del estado según el decreto legislativo Nro 1068.