Lambayeque: En distrito de Kañaris detectan perjuicio económico por 2 millones 700 mil en vía carrozable

La Contraloría General detectó un perjuicio económico por S/ 2’ 724,901.00 en la obra de colocación de la capa de afirmado de un camino carrozable ubicado en el distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, debido a que la municipalidad de dicha localidad efectuó pagos que no correspondían a la empresa contratista.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 2100-2019-CG/GRLA-AC se evidenció además presunta responsabilidad penal y administrativa de dos exfuncionarios de dicha entidad edil. Asimismo, hay otros seis exfuncionarios implicados con presunta responsabilidad administrativa.

La vía de aproximadamente 30 kilómetros fue diseñada para unir el distrito de Kañaris con diversos caseríos, tales como Qurichima, Yuractucto, Saucepampa, San Gregorío, Pamaca, Lutopampa y Mitobamba, ubicados a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Según el informe de auditoría, la Municipalidad de Kañaris pagó a la empresa contratista S/ 1’ 579,514.07 por metrados no ejecutados y S/ 1’145,386.93 por trabajos físicos realizados que no cumplen con las especificaciones del expediente técnico, ni el Manual de Carreteras EG-2013 en lo relacionado a calidad del material empleado, espesor de la superficie de rodadura, grado de compactación alcanzado y otros.

La Contraloría también observó que la designación de los miembros del comité que condujo el procedimiento de selección para la contratación de la ejecución de la obra, no cumplió con los requisitos establecidos en la norma. Además dicho comité aplicó diferentes criterios de calificación a los postores participantes, otorgando la buena pro a una propuesta que no cumplía con lo exigido en las bases integradas.

El informe con los hechos detectados fue remitido a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para que inicie las acciones legales contra los exfuncionarios involucrados, así como al titular de la Municipalidad de Kañaris para que disponga el deslinde de responsabilidades administrativas de los ex funcionarios comprendidos en las observaciones de la auditoría.