Jueza de familia resuelve medidas restaurativas a menores infractores

La jueza del Cuarto Juzgado Especializado de Familia de Chiclayo, Carla Paredes Ciccia, resolvió dos medidas de proceso restaurativo para infractores en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), siendo la primera vez que se gesta una actuación judicial con la participación directa del SOA en audiencia.

En ese sentido, la directora del citado programa en esta provincia, psicóloga Patricia Orihuela Valladares, felicitó la iniciativa de la magistrada por la buena práctica jurídica aplicada por celeridad procesal y, principalmente, procurando lograr la rehabilitación y reinserción social de los menores de edad por medio del SOA.

La jueza Carla Paredes explicó que requirió la presencia de la mencionada directora, no solo por celeridad en la ejecución del proceso, sino también para que sea ella misma sea quien explique a los adolescentes arrepentidos y sus padres los efectos del programa a seguir, asumiendo estos el compromiso de cumplirlo, con la conformidad de los abogados patrocinadores y representantes del Ministerio Público.

“Lo que se busca es un trabajo interinstitucional bajo la óptica de una justicia juvenil restaurativa, brindando apoyo y control al adolescente en la ejecución de la medida impuesta, en la que se compromete también los progenitores o personas responsables de ellos. Se apunta a consolidar un sistema de justicia penal juvenil moderno, a través de este mecanismo para la reinserción social del adolescente infractor sin necesidad de internamiento”, expresó.

Asimismo, la magistrada dispuso que la reparación del daño ocasionado se efectúe, por medio del SOA, haciendo uso de mecanismos de justicia restaurativa con el objetivo de que uno de los adolescentes infractores otorgue una carta de disculpas a la parte agraviada por mandato judicial, como una forma directa e inmaterial de la reparación.

“El desarrollo de las audiencias se dio bajo la óptica de la doctrina de protección integral, en el entendido de que el adolescente es un sujeto de derechos especiales con capacidad progresiva, quien debe ser investigado con las garantías de un debido proceso, en estos casos se optó por la remisión como mecanismo alternativo de solución”, señaló la jueza.

Las medidas socioeducativas en el SOA fueron impuestas por seis meses para que inculquen valores sociales, debiendo informarse de forma periódica al juzgado el avance de las mismas. También se dieron otras medidas de conducta a los infractores, entre ellas, no frecuentar con personas de dudosa reputación, no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, obedecer las reglas de conducta de sus padres y continuar con los estudios escolares