Disponen investigar a Oviedo y a ex directivos de Tumán como una organización criminal

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso adecuar la investigación seguida contra el empresario Edwin Oviedo Picchotito y varios exdirectivos de la Empresa Agroindustrial Tumán a la Ley contra el Crimen Organizado (N° 30077), al considerar que dichas personas habrían formado parte de una organización criminal dedicada a obtener grandes ganancias en perjuicio de la azucarera.

El mencionado despacho, a través de la disposición N° 01-2017, establece también que se solicite toda la información relacionada con los casos donde se encuentre inmerso el mencionado hombre de negocios y que se ventilan o investigan en Lambayeque, tanto a nivel fiscal como judicial. El caso en cuestión, signado con la carpeta fiscal N° 365-2015, abarca en realidad una amplia serie de hechos atribuidos tanto a Oviedo como a sus co imputados, los cuales no solo guardarían relación con la azucarera Tumán, sino también con la empresa Pomalca.

En ese sentido, la Fiscalía dispone ampliar la investigación por un plazo de 10 meses e incluir a más personas, tanto naturales como jurídicas. La lista completa de implicados en el caso la conforman: Edwin Oviedo Picchotito, Elvis Oviedo Picchotito, José Carlos Isla Montaño, Víctor Antonio Becerril Rodríguez, José Arturo Gamarra Mizrraji, Wigberto Cabrejos Flores, Pablo Roberto Arce Benites, Segundo Ordinola Zapata, Auria Oviedo Tito, Octavio Oviedo Picchotito, Judith Mirtha Valdez Málaga y Freddy Huamán Martiarena.

Además, se detalla a una relación de 16 empresas, aparentemente vinculadas con Oviedo, las cuales también han quedado bajo la lupa: Shema SAC, Mega Supermayorista SAC, Dismar Representaciones SAC, Almacenes MASS SAC, Operador Logístico Asturias SAC, D’Libano Inversiones SAC, Radost Solution SAC y Coali SAC.

También figuran las compañías: Alambique Tumán EIRL, Borlinghton Trading Corp, Van Buren Investment Corp, Yielding Acounting Systems INS, Palmwood Financial Corp, México Financial Corp, Suttolk Downs Corp y Percibal Enterprises INC.

De acuerdo al Ministerio Público, el dinero obtenido por los implicados habría provenido de “los activos generados por ilícito de fraude en la administración de personas jurídicas. Estos activos aparentemente han sido destinados como aumentos de capital a las empresas de su entorno y asimismo se han realizado transferencias bancarias entre los investigados”.

En el caso de Edwin Oviedo, la Fiscalía le atribuye, textualmente, “haber realizado aumentos de capital en las empresas que conforman las sociedades del Grupo Oviedo (conforme al convenio de socios de fecha 25 de julio de 2007 suscrito por Edwin Oviedo Picchotito, Elvis Oviedo Picchotito y Auria Oviedo Tito) tales como D’Libano Inversiones SAC, Shema SAC, Mega Supermayoristas SAC, con activos de aparente procedencia ilícita, provenientes de la venta de azúcar subvaluada” por parte de la empresa Tumán.

En otro momento, el Ministerio Público señala, precisamente, que Edwin, Elvis y Auria Oviedo serían quienes “se encargaban de dirigir a toda la organización”. Asimismo, el documento firmado por la fiscal a cargo del caso, Yovana Mori García, dispone que se requieran los respectivos informes a instancias como el Séptimo y el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, donde se emitieron resoluciones en torno a la administración judicial de Tumán, pero también a los despachos fiscales de la región que indagan casos emblemáticos, como es el caso de la supuesta red criminal “Los Wachiturros” (expediente N° 1661-2015).

Al respecto, el abogado de la parte denunciante, Richard Tirado Ventura, mencionó que el Ministerio Público ha dispuesto que se tomen las declaraciones de todos los investigados, incluyendo a los representantes legales de las empresas ya mencionadas. De igual manera, en el caso de los denunciantes, Marcos Pérez Lluncor y Frank Guevara Díaz. Tirado Ventura señaló que el perjuicio causado al ingenio bordearía los 1,100 millones de soles.

Por su parte, el asesor legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, aseguró que se trata de “un caso que viene ventilándose por más de dos años, en los cuales no se ha encontrado ningún elemento de convicción que vincule al señor Oviedo y a los directivos, al punto que el caso todavía está a nivel preliminar”. Agregó que, en ese sentido, confían que esta denuncia será archivada, aunque calificó como un “exceso” su adecuación a la Ley de Crimen Organizado. Pese a ello, aseguró que colaborarán con las indagaciones.

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