OSCE: GOREU infringió contrato sobre ejecución hospital de contingencia
Luego de que el consejero regional Alberto Guzman Musac arremetiera contra la abogada Zulma Picón, de quien dijo fue traida de Huánuco para asesorar al Gobierno Regional de Ucayali sobre la penalidad en el caso del Hospital Regional de Pucallpa, para el legislador, Picón Ruiz defiende los actos irregulares cometidos por la gestión del gobernado regional Munuel Gambini Rupay, quien designo en forma irregular al abogado Edwin Soto Ildefonso como Procurador Regional y otros funcionarios que estarían involucrados en los hechos relacionados a la conciliación donde se dejó sin efecto la máxima penalidad por incumplimiento en la ejecución de la obra y que hoy pretenden dejar sin efecto la resolución del contrato firmado por el gobernador Manuel Gambini.
Al ser consultada sobre el tema la jefa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE – Rita Torres Pérez, explicó que de acuerdo a lo previsto en el Art. 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 214 del reglamento vigente, señala textualmente que “las controversias que surjan entre las partes sobre la resolución de un contrato, se resuelven unicamente mediante conciliación o arbitraje, segun el acuerdo de las partes”. Torres Pérez, precisó que solo en el supuesto de que se resuelva un contrato por causa atribuible a la entidad, corresponde reconocerle al contratista en la liquidación el 50% de la utilidad prevista por dejar de ejecutar la obra, por tanto es de entera responsabilidad del Gobierno Regional de Ucayali.
El consejero regional Alberto Guzmán Musac, precisó que las decisiones adoptadas por la alta dirección del Gobierno Regional son perjudiciales y lesivas a los intereses y recursos económicos de nuestra región, agregó que la abogada confunde términos jurídicos básicos en contratación pública, tales como multa y penalidad, igual al declarar y mencionar “mecanismos de controversia” cuando lo correcto es, mecanismos de solución de controversias, como son la conciliación y el arbitraje. Con esto el consorcio constructor quedará expedito para cobrar grandes sumas de dinero al Gobierno Regional de Ucayali, por cuantificación de daños y perjuicios y por utilidades dejadas de percibir, es lo que manifestó.
